La constitución de la coordinadora Marea Roja surge de la confluencia de dos movilizaciones civiles. Por un lado, de la histórica lucha contra la precariedad y la defensa de los derechos laborales del personal de investigación pre y postdoctoral,  impulsada por organizaciones como FJI/precarios y CCOO desde finales de los años 90. De esta manera se logró sustituir la figura de becario por la de contratado laboral en los sucesivos Estatutos de Personal de Investigación, 2006 y 2011. Por otro lado, de las movilizaciones contra los durísimos recortes implantados tras la crisis económica de 2009, de las que surgieron distintas Mareas civiles que impulsaron las movilizaciones en los diferentes sectores públicos afectados: Marea Blanca en Sanidad, Marea Verde en Educación y Marea Roja para el sector de ciencia e investigación.

Las luchas contra los recortes derivados de la crisis de 2009 adquirieron una gran relevancia en el año 2013, al confluir movilizaciones organizadas desde instituciones y organizaciones de distinta sensibilidad. En esas movilizaciones participaron asociaciones como la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y entidades como COSCE (Confederación de Sociedades científicas de España), ambas representantes del poder institucional y de la élite de la investigación española. Pero también confluyeron organizaciones como FJI/precarios o Investigación Digna, en nombre de los sectores más desprotegidos y precarios de la investigación. También participaron sindicatos como CCOO y UGT, con una sólida implantación en Universidades, Organismos Públicos de Investigación e investigación Sanitaria, desde sus luchas en los años 70 por los derechos laborales y la negociación colectiva en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Este amplio abanico de entidades protagonizó el movimiento Carta por la Ciencia a lo largo de ese año 2013, convocando la manifestación más relevante ocurrida hasta el momento en la historia de la ciencia española en junio de dicho año. La convocatoria recogió 235.000 firmas para salvar la grave situación del CSIC, que, finalmente, llevaría en diciembre de ese mismo año a la firma del primer Pacto por la Ciencia en el Parlamento por todos los partidos menos el PP. El pacto firmado exigía mejoras drásticas en la valoración política de la ciencia, en la situación de su personal, la financiación y su gobernanza. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) de 2011, elaborada en plena crisis, no había logrado implantar mejoras significativas. En particular, no reconocía los derechos laborales plenos para el personal de investigación.

Durante estos años, Marea Roja y numerosas organizaciones de representación del personal de investigación siguieron exigiendo mejoras en el sector. Unos años que fueron especialmente duros por la ejecución de las políticas de austeridad, que amplificaron los efectos de la emigración y de la expulsión del personal al extranjero. Los programas de ayudas a la investigación recibieron importantes recortes que potenciaron la dañina cultura meritocrática, imponiendo métricas de evaluación cada vez más exigentes y competitivas, promoviendo e instaurando la idea del acceso a la profesión de investigación como resultado de un éxito personal ultra-competitivo. Algunos programas reducían las plazas ofertadas más del 70% de su capacidad inicial. Es el caso del programa de ayudas postdoctorales Ramón y Cajal, que pasó de las casi 800 plazas totales de su primera convocatoria en el año 2001, a menos de 200 plazas durante la implantación de las políticas de austeridad, durante el primer quinquenio de la década. Dicha reducción se manifestó con una reducida tasa de éxito (del orden del 10%) para un programa que suponía la puerta de acceso principal a la estabilización en el contexto de la investigación estatal.

El malestar creciente de la comunidad del personal de investigación a lo largo de esta década llevó a iniciar numerosas movilizaciones durante el año 2016, algunas de ellas localizadas durante las actividades de la Noche de los Investigadores. Dicha jornada estaba dedicada a la divulgación y comunicación de la ciencia.  Sin embargo, en aquel entonces las actividades incluyeron reivindicaciones por los derechos laborales, visibilizando la actividad de investigación como profesión de pleno derecho laboral. Durante las movilizaciones se incluyó la demanda para trazar trayectorias profesionales claras, previsibles y estables, junto a la demanda histórica por la incorporación de derechos laborales plenos. Esta etapa supone un punto importante de divergencia entre las diferentes concepciones de la idea de gestión de la ciencia que confluían en el año 2013. La actividad científica podía estar defendida por actitudes como la vocación, perseverancia, sacrificio, dedicación, … todas cualidades personales que no hacen referencia a ningún marco laboral, o, por el contrario, dicha actividad científica debía estar amparada y sostenida por una regulación laboral que dotase de horarios, derechos, recursos, … a todo el personal de investigación. Dos concepciones de entender la ciencia y la investigación que en ese momento abrían un conflicto político por la disputa del modelo de ciencia.

El mantenimiento de las políticas de austeridad económica, la ausencia de progresos en la definición de la carrera profesional, y el alarmante proceso de precarización y exilio forzoso del personal de investigación, se tradujo en una nueva iniciativa: la recogida de firmas a favor de una nueva política científica. Las más de 400.000 firmas fueron entregadas a los representantes de los partidos políticos en un acto celebrado en el congreso en abril del 2018. Esta fue una iniciativa donde ni CRUE, ni COSCE participaron, sino que fue impulsada por científicos comprometidos a título individual con el apoyo de la coordinadora Marea Roja.

Cabe decir que la coordinadora Marea Roja no sólo mantiene un compromiso con la mejora del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Desde 2018 Marea Roja ha colaborado especialmente y en numerosas ocasiones con Marea Granate, la coordinadora que representa a los y las trabajadoras españolas en el extranjero. Ha formado parte de varias plataformas como ‘No más precariedad’ o la ‘Mesa por el Blindaje de las pensiones’. También ha apoyado y participado de las movilizaciones por la 'huelga mundial por el clima' y 'las marchas por la dignidad', … dando apoyo mutuo a estas y otras causas. Desde Marea Roja se ha defendido y se sigue manteniendo un fuerte compromiso por mejorar la sociedad en todos sus ámbitos, que, por otro lado, permanecen interconectados y en mutua influencia.

En el año 2019 se aprobó el Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF), tras un largo proceso de negociación de los sindicatos y las organizaciones integradas en Marea Roja. En él se reconocía la relación laboral del personal de investigación predoctoral, especialmente vulnerable al ser el personal laboral en fases iniciales. Sin embargo, no fue acompañado de un proyecto de carrera clara y de dotaciones de plazas y financieras para resolver los problemas de fondo del sistema científico español.

En plena pandemia de COVID-19 se hizo necesario aunar más fuerzas para luchar contra la precariedad y la defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras de la investigación. Durante esos meses de gran inestabilidad varias organizaciones se unieron al entorno de Marea Roja para garantizar la prórroga de los contratos del personal investigación. Con estas demandas se pretendía paliar la tensión laboral del sector derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Finalmente, el 29 de Julio de 2020, coincidiendo con la séptima jornada consecutiva de movilización virtual en defensa la ciencia y la investigación como garantía de futuro (#SinCienciaNoHayFuturo), tuvo lugar mediante asamblea virtual la aprobación de la refundación de Marea Roja, constituyéndose la nueva Coordinadora Marea Roja de la Investigación y presentándose esta en un acto público en el Ateneo de Madrid en septiembre de 2020. La coordinadora recién creada contaba inicialmente con una quincena de colectivos, asociaciones y sindicatos de procedencia muy diferente, con participación de colectivos de Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, País Valencià o Madrid. Este grupo heterogéneo estaba formado por organizaciones que velan por los intereses o bien de los colectivos del personal investigador a las que representan (como puede ser el ejemplo de FPU Investiga, FPI en Lucha, o la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios) o bien de la institución de la que forman parte (como pueden ser las Asamblea de Dignidad Investigadora de la UAM y la Universidad de la Rioja). Confluían tanto organizaciones con ámbito de actuación estatal como territorial (por ejemplo, Investigal o la Coordinadora Valenciana de Treballadores de la Ciència (CVTC)). Además, lo integraba el colectivo ‘Investigación en lucha (Mareita Roja)', que se creó previamente a la refundación de la coordinadora y que estaba formado por las personas que a título individual habían estado colaborando intensamente manteniendo activa Marea Roja desde 2013, con el objetivo de unir a los diferentes colectivos, asociaciones y sindicatos en torno a la lucha. Junto a todas estas organizaciones también se unió la asociación ‘Piratas de la Ciencia’, que incluía la defensa de las condiciones laborales y la apuesta de nuevos modelos de gestión de la ciencia como ámbito propio de la comunicación y la divulgación de la actividad de ciencia e investigación. Por último, también destacar el papel del sindicato CCOO que junto con el colectivo ‘Investigación en lucha’ estuvo manteniendo activa la Marea Roja hasta la refundación de la coordinadora. En consecuencia, el conjunto de organizaciones integrantes de la coordinadora representaba todas las fases pre/posdoctorales, personal sanitario, ... al tiempo que ampliaba sus objetivos al reconocimiento de los otros colectivos claves del personal de investigación, como el personal técnico y el personal de gestión y administración. Desde entonces, se han sucedido nuevas incorporaciones que han venido ampliando la capacidad de representación de la coordinadora. Su organización se amplió con nuevas normas y protocolos, adoptando un nuevo y fuerte impulso del modelo de ciencia que se inicia desde su aspecto laboral. Aquel que tomaba su origen desde la protección de su base humana, y que desde ella se ofrece como el sistema ciencia mejor cohesionado, más eficiente e innovador. El modelo de ciencia, por tanto, que entiende la implantación de la excelencia no como como un premio personal sino como un aspecto colectivo que potencia y desencadena las transformaciones sociales de mayor calado y mayor capacidad. 

Una vez iniciada esta nueva fase de congregación y organización, la fuerza de Marea Roja de la Investigación se focalizó sobre la incorporación de nuevos derechos en la redacción de reforma de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) impulsada por el Ministerio de Ciencia e Innovación dirigido Pedro Duque. La coordinadora fue muy crítica con la propuesta del programa Tenure Track, dirigiendo una movilización en toda España llevada a cabo el 15 de Abril de 2021, bajo la demanda de la paralización de dicho programa. Las organizaciones representantes de ambos modelos de ciencia, CRUE y COSCE por un lado, junto a Marea Roja de la Investigación por otro lado, volvieron a confluir en el rechazo del programa, finalmente paralizando el proyecto de Tenure Track y motivando el nombramiento de la Ministra Diana Morán. El relevo ministerial ofreció una apertura como posibilidad de diálogo entre el equipo de gobierno y la coordinadora Marea Roja de la Investigación. Sin embargo, la incorporación de nuevas fórmulas de contratación indefinida impulsadas por el ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, volvió a enfrentar los modelos de ciencia de excelencia individual y ciencia de excelencia colectiva. La incorporación plena de la fórmula de contratación indefinida en la reforma de la Ley de la Ciencia sufrió un impase al ser bloqueada por una enmienda formulada en el Senado por el Partido Popular, pero motivada desde CRUE, SOMMa (Alianza de Centros ‘Severo Ochoa’ y ‘María de Maeztu) y COSCE. Sin embargo, la fórmula inicial de contratación indefinida se pudo mantener en su vuelta al parlamento gracias al empuje y la presión ejercida desde la coordinadora de Marea Roja de la Investigación y las organizaciones que la forman. La incorporación de la contratación indefinida se entendió como otro progreso del modelo de excelencia colectiva, aunque la reforma final de la LCTI se entendió como muy limitada, parcial y con mucho margen de mejora, pues no garantiza, por ejemplo, el diseño de una carrera profesional clara para todo el personal de investigación, la movilidad dentro del sector público, ni mejoras en la gobernanza que aseguren la coordinación y conexión ente las distintas CCAA. 

Finalmente, el modelo de excelencia científica colectiva y el fortalecimiento de la actividad de investigación por medio de la dignidad trabajadora se defendió con la organización de la primera edición de las “Jornadas de Cultura Laboral en Investigación (J-CLI)”, dirigida desde Marea Roja de la Investigación y las organizaciones que la componen. Las jornadas tuvieron lugar durante el mes de octubre de 2022, con seminarios, debates y actividades en tres sedes presenciales: Santiago de Compostela, Valencia y Madrid.  

Esta disputa entre modelos de gestión de la ciencia hoy sigue articulando tensiones y conflictos en el momento de pensar y activar la transferencia social de la actividad de investigación. En el contexto de las elecciones generales de julio de 2023, las distintas comunidades de ciencia e investigación alimentaron un nuevo debate sobre cómo entender la protección y la gestión de los recursos en la investigación y la ciencia. La propuesta de un “Nuevo Pacto por la Ciencia” por la coordinadora Marea Roja de la Investigación, finalmente firmado por la mayoría de los partidos políticos en un acto público el pasado 29 de junio, se basó en cuatro pilares fundamentales de eminente cariz laboral y ético:

1.     Desarrollo de un Estatuto del Personal de Investigación que incluya a todas las escalas del personal científico, personal técnico y personal de gestión.

2.     Simplificación y reducción de la burocracia y la cultura credencialista.

3.     Ciencia responsable, ética, transparente, con perspectiva de género e inclusiva, co-implicada y vertebrada bajo estrategias multi e interdisciplinares.

4.     Objetivo de inversión del 3% del P.I.B.

Este pacto propone vías de gestión de recursos que se alejan de las concepciones lineales del desarrollo científico y tecnológico, como de concepciones elitistas del modo de entender la productividad y transferencia de la actividad científica, ampliamente representadas por entidades como COSCE, SOMMA o la actitud pasiva de CRUE.

Los objetivos de este pacto se plantean en un contexto de notable inestabilidad política y de un previsible endurecimiento del entorno económico al estar finalizando la fase expansiva ligada al aporte de fondos europeos. Unos fondos europeos temporales que no pueden ser la base de sostenibilidad de un SECTI definido por una gran complejidad. Por todo ello, la labor de la coordinadora Marea Roja de la Investigación hoy es más relevante si cabe para poder mantener y reforzar el papel de la ciencia y la investigación en la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y más justa. Una ciencia ligada a la paz y la habitabilidad ecosocial, apuntaladas mediante la defensa de unas condiciones laborales dignas y el fortalecimiento de vínculos y responsabilidades sociales compartidas.